Habitantes de Tabasco viven sobre cementerios de residuos de hidrocarburos que fueron desechados por Pemex. Los lodos contaminados los han enfermedado y en tiempos de lluvia han inundado sus viviendas. A pesar de que hay un programa para sanear los daños ocasionados por la actividad petrolera, los fondos han sido desviados a proyectos emblema del gobierno federal, como el Tren Maya, o bien para actividades que en nada contribuyen al mejoramiento ambiental, como la instalación de salas de cine o la compra de lencería.
Texto: Evlyn Cervantes
Video: Lucía Vergara
8 de enero de 2024
Si usted escarba entre la tierra, el olor a petróleo penetra en su nariz de manera persistente, pero si decide avanzar, entonces sentirá que sus zapatos se hunden entre un suelo arenoso mezclado con residuos de hidrocarburo y aceite. Así es caminar sobre un cementerio de lodos contaminados extraídos de las actividades petroleras de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Este lugar, ubicado en la Ranchería Anacleto Canabal Primera Sección, entrada a La Rampa, es uno de los siete cementerios tóxicos que se localizan en esa región dominada por una fuerte actividad petrolera. Cuando se realizó el recorrido por el lugar, el termómetro marcaba 37 grados, ocasionando que los rayos del sol agudizaran ese olor penetrante que cala en la nariz y que, de no estar acostumbrado, puede ocasionarle un dolor de cabeza.
“Es un olor muy fuerte, es un olor fétido, un olor como a fierro. Ahora sí que uno come con ese olor. Ya la garganta nos duele demasiado, no le sentimos ni sabor a la comida”, reprocha Lorenza Castro Castro, de 60 años.
Lorenza vive enfrente de este cementerio de lodos tóxicos que ella recuerda que alguna vez fue un lugar arbolado y con presencia de fauna. En 2019 ese paisaje cambió. El predio fue deforestado y acusa que empresas subsidiarias de Pemex lo utilizaron para descargar lodos contaminados que luego fueron enterrados con maquinaria pesada. Cuando la temporada de lluvias llegó ese año, el sitio se inundó y arrastró el suelo contaminado hasta su casa y las de sus vecinos.
“Vienen las inundaciones en el 2019 y ahora sí que nos fuimos al agua. Primero los vecinos que rayan con ese relleno tóxico se fueron al agua, de allí nos fuimos nosotros y toda la parte de atrás que está abajo. Todas las familias se fueron al agua el 28 de octubre y el 29; todo ese relleno que hicieron se llenó de agua y esa agua corría, fue lo que nos inundó a toda esta zona de aquí de la entrada de La Rampa”, recuerda.
El desbordamiento de los lodos contaminados y las inundaciones que los dispersaron, movilizó a los vecinos de esta Ranchería quienes se organizaron para colocar costales de arena como barda de protección.
Lorenza dice que ella y sus vecinos no quieren que este cementerio tóxico sea bardeado; lo que quieren es que desentierren los lodos contaminados y se los lleven de su comunidad.
Pemex cuenta con un programa para sanear comunidades afectadas por la contaminación petrolera, como es el caso de la ranchería donde reside Lorenza. Pero el dinero de ese programa ha sido desviado en el actual gobierno federal para fines distintos al mejoramiento ambiental.
Por ejemplo, con el dinero que debió servir para saneamiento del medio ambiente, se adquirió lencería, se instalaron cines comunitarios, se construyeron centros de registro para beneficiarios de programas sociales y se compraron fertilizantes que fueron repartidos entre habitantes afectados por el paso del Tren Maya.
En contraste, los habitantes de comunidades afectadas por la contaminación siguen en espera de recibir fondos del llamado Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA). Es el caso de los residentes en la Ranchería Anacleto Canabal, quienes han enfermado con los residuos contaminados que fueron sepultados a un costado de sus casas.
“Los tóxicos enferman a mis nietos”
Es medio día, hace calor y a esta hora el cementerio de Pemex en la ranchería luce como un gran tapiz de color café que se extiende sobre un suelo seco, añejado, maloliente y descarapelado. Conforme se camina por el lugar, es posible encontrarse con residuos de bolsas negras que salen a la superficie.
María de los Santos Pascual Santiago, de 62 años, dice que esas bolsas negras contenían residuos contaminados y fueron enterrados en todo el predio, pero con el paso del tiempo, se dispersaron provocando afectaciones a la salud de los habitantes como alergias, tos y dolores de garganta.
“Tengo a mis nietos que tienen alergias, uno de 18 años y otra de 13 años. Esa alergia fue diagnosticada por el médico por algo tóxico que había en nuestra comunidad y les comentamos esto que había y el doctor dijo que de allí les venía esta alergia a mis nietos. La verdad, a veces hay para el medicamento y a veces no hay, pero los que nos vinieron a hacer el daño no se dan cuenta del daño que les hacen a los humildes; por ser humildes hacen lo que ellos quieren aquí en nuestra comunidad”, agrega María.
Al reclamo de estas mujeres se suman otras vecinas que han salido de sus casas para contar su propia experiencia sobre el cementerio tóxico. Una a una, van llegando a la casa de doña Lorenza Castro para reclamar su derecho a ser escuchadas; cada una tiene algo que contar.
Kenia Estefanía Méndez Salvador tiene dos hijos. Su hija se llama Ivón Kenay y su hijo Lucas Iván. Ambos fueron diagnosticados con problemas de salud a consecuencia del cementerio tóxico que colinda con su vivienda. Su hija está diagnosticada con rinitis alérgica y a su hijo le diagnosticaron asma.
“Vivo enfrente del terreno contaminado y a mis hijos les llega toda esa tierra contaminada que se vuela que, con el aire, nosotros gastamos unos tres mil pesos cada mes en inhaladores y nebulizadores”.
Las autoridades desoyen reclamo
Virginia Jiménez López tiene 32 años y señala que en la Ranchería Anacleto Canabal ni siquiera tienen acceso a drenaje por lo que las condiciones de salubridad son todavía más difíciles. Ella recuerda que las personas que llegaron a depositar los lodos contaminados en el sitio, les comentaron que eran residuos que ya habían recibido tratamiento, pero está convencida de que no es así porque los olores son tan fuertes, que incluso le resulta incómodo comer.
El cementerio tóxico, dice, ya fue denunciado ante las autoridades locales. Su denuncia hizo que personal de la Secretaría del Bienestar y defensores de derechos humanos visitaran el sitio, pero, hasta ahora, nadie ha retirado los residuos contaminados.
“La verdad que hemos tocado puertas y las autoridades no han hecho nada hasta ahorita por apoyar a la comunidad para levantar todo ese residuo. Pedimos que nos apoyen porque hemos estado año con año sufriendo inundaciones a raíz de este problema. Hay una vecina que se fracturó por salir a poner una bomba en su casa. Ninguna autoridad vino a resolver los gastos que tuvo”.
No todas las personas se han quedado en esta ranchería esperando respuesta; algunas han preferido mudarse con tal de no estar expuestas a esta contaminación.
“Vecinos se han cambiado a vivir a otro lado porque el olor ya no se soporta. Hay personas que llegan y dicen que todavía el olor es muy fuerte, pero la verdad nosotros ya no sentimos porque ya nos acostumbramos, llevamos cuatro años con el olor aquí”.
Lo que más lamenta Virginia es que ninguna autoridad les ayude a remediar la contaminación y que sean los vecinos quienes tienen que organizarse para buscar soluciones.
“La empresa que rellenó es la Constructora Cedros (Los Cedros Construcciones) y la empresa que dio el material es Beeco y la verdad es que en este caso hemos tocado puertas y nos llevamos decepciones grandes con las autoridades porque lo primero que nos dicen es vengan tal día”, dice la vecina.
“Toda la porquería está siendo enterrada”
A medida que se recorre la ranchería es común ver predios que antes servían como vasos reguladores y protegían a la población de las inundaciones, convertidos en sitios donde se entierran lodos contaminados.
En la Cuarta Sección de esta ranchería hay un predio que, desde hace 6 años, también funciona como cementerio tóxico. En un miércoles a medio día, se puede apreciar la maquinaria que remueve la tierra.
Manuel Madrigal Juárez, ex delegado municipal y quien vive en esta comunidad, explica que varios predios que colindan con las viviendas han sido rellenados con el material que extraen las empresas de Pemex, pero en cuanto es depositado en el sitio, se muere hasta la maleza y lo convierte en una isla de contaminación expuesta a cielo abierto de la que nadie se hace responsable.
Esta contaminación, recalca, está permeando el suelo y contamina los mantos freáticos del agua que consumen, comprometiendo la disponibilidad hídrica de la región.
“Ya tenemos varia gente con cáncer, con enfermedades en la piel, muchos problemas de salud y hemos hecho varias asambleas y hemos ido a muchas dependencias, pero no se ha resuelto nada. La compañía sigue tirando estos lodos donde les dan permiso, ellos hacen su trabajo, rellenan como si fueran estacionamiento, pero toda la porquería está siendo enterrada”.
Manuel considera que Pemex tiene una gran responsabilidad en la remediación o saneamiento de estos predios, porque es la que genera los lodos contaminados que luego son entregados a empresas que los entierran sin someterlos a un tratamiento previamente.
“Pemex tiene que tener una persona encargada de ver que este lodo no se esté tirando en cualquier parte, tienen que tener ellos un lugar específico donde no dañe a terceros, donde no dañe a la vida que es lo principal y es lo que se nos está yendo de las manos y ninguna autoridad se hace responsable y lo más grave es que con las lluvias todo esto se va a los ríos, a los pozos, a las casas donde las personas han perforado su pozo porque ni agua potable tenemos”.
“Están cada vez peor”
La Ranchería Anacleto Canabal se localiza a 7.5 kilómetros de la capital de Tabasco y alberga la Central de Almacenamiento de Pemex en Villahermosa. Por aquí es común ver transitar pipas que entran y salen para ser cargadas con hidrocarburos u otros productos químicos de la petrolera.
Cada cierto tiempo, un camión descarga lodos tóxicos en un terreno para luego enterrarlos. Esta es una escena que José Jiménez Rivera ha atestiguado en repetidas ocasiones; este tabasqueño vive a unos 10 minutos del municipio de Centro, Tabasco, en la ranchería Anacleto Canabal, cuarta sección, donde habitan miles de personas, todas expuestas a los impactos ambientales de la actividad petrolera.
“Hay como seis tiraderos identificados. Son cementerios a cielo abierto. Allí lo entierran y allí se queda ese lodo. Como ellos no viven aquí, ellos viven en los grandes fraccionamientos en la capital. Al que vienen a envenenar es al pobre pueblo, a la gente humilde de acá de las comunidades y eso no se vale”, reprocha en entrevista.
Este activista, quien ha acompañado a los habitantes en la exigencia a las autoridades para la remediación de este sitio, dice que muchas veces han intentado comprar su silencio, pero asegura no está dispuesto a quedarse callado mientras persista la proliferación de cementerios tóxicos.
Hace apenas unos meses, recuerda que una pipa de Pemex derramó litros de aceite sobre un pastizal provocando una contaminación que se propagó por las tierras de cultivo. De vuelta en el lugar, José se agacha para remover la tierra y encuentra que las raíces de los árboles todavía tienen residuos contaminantes. “¿Usted cree que así uno se puede quedar callado?”, cuestiona mientras sigue removiendo la tierra.
José Manuel Arias Rodríguez, responsable de la Asociación Ecológica Santo Tomás A.C, dice que es increíble que estas comunidades tradicionalmente de vocación petrolera, lejos de atestiguar mejoras en su calidad de vida, están cada vez peor.
Y es que sólo sus recursos naturales están comprometidos, sino que cada vez más su agua, su territorio, su modo de vida, los ríos y las siembras de cultivos, se contaminan restando valor a su patrimonio.
“Aquí el PACMA no llega, Aquí Pemex no ha hecho nada por mejorar las condiciones de la gente pero es aquí de donde más petróleo extraen”, dijo Arias.
El PACMA es el programa de Pemex que tiene como objetivo impulsar el desarrollo sustentable a través de acciones de responsabilidad social, el cuidado del medio ambiente y el fortalecimiento de las relaciones con las comunidades que son impactadas por la actividad petrolera.
De acuerdo con las reglas de operación, los recursos del PACMA provienen de los contratos que firma Pemex con proveedores o empresas contratistas. Cuando el monto de la contratación es por 100 millones de pesos o más, el proveedor o contratista aporta el uno por ciento del monto para ejecutar proyectos de desarrollo social y cuidado del medio ambiente.
Mediante estos donativos, las empresas contratistas de Pemex mantienen la Licencia Social para Operar. Sin embargo, ese dinero no siempre va a dar a sanear el ambiente, como se muestra con casos concretos en esta investigación.
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Este 2023 se cumplen 10 años de que Pemex implementó el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), creado para apoyar a los habitantes donde la actividad petrolera ocasiona daño ambiental.
En el actual sexenio, el dinero ha sido desviado como un mecanismo de compensación para evitar opositores a proyectos emblema, como el Tren Maya, para instalar cines comunitarios y hasta para adquirir lencería, como se expone a continuación.
Reparten fertilizante a afectados por paso del Tren Maya
Petróleos Mexicanos (Pemex) destinó al menos 6 millones 605 mil pesos del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) para la compra de fertilizantes que sería repartido a los afectados por el paso del Tren Maya.
La Gerencia de Responsabilidad y Desarrollo Social de Pemex aprobó el 30 de mayo de 2021 que se utilizaran estos recursos del PACMA para dotar a la Secretaría del Bienestar de 400 toneladas de fertilizante químico para uso agrícola.
Documentos en poder de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) refieren que el fertilizante fue entregado a los afectados por el tren en Campeche.
La organización civil Transparencia Mexicana, en su calidad de Supervisora del Programa, detectó que Pemex transfirió los recursos del PACMA a la Secretaría del Bienestar y los destinó a las comunidades afectadas por el paso del Tren Maya.
Planteó la necesidad de identificar plenamente a los beneficiarios del fertilizante, ya que la estructura que fue planteada para entregarlo, permite suponer la tercerización.
En el informe anual del PACMA, Pemex no reportó el mecanismo mediante el cual distribuyó el fertilizante ni tampoco quiénes resultaron beneficiados con este producto.
La construcción del Tren Maya, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha enfrentado oposición en Campeche debido a los impactos ambientales que ocasiona la obra y las repercusiones que tendrá en los recursos naturales de la entidad.
De acuerdo con el proyecto de obra, el Tren Maya tendrá en Campeche un tramo que corre de Chetumal a Escárcega abarcando 254.5 kilómetros de vía férrea con una estación en Xpujil y tres paraderos en Nicolás Bravo, Calakmul y Centenario.
Construyen centro de registro de programas sociales
Lo que debería de ser el Programa de desarrollo sustentable de Pemex para atender a los municipios en los cuales se detonan emergencias, desastres naturales e impactos sociales derivados de la actividad petrolera, se convirtió en una vía para financiar la política social del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En 2021 la Secretaría de Bienestar dispuso de un millón 722 mil 626 pesos del PACMA para equipar los Centros Integradores para el Bienestar en la cabecera y comunidades del municipio de Carmen, Campeche.
Los Centros Integradores fueron creados en la Administración de López Obrador como espacios para inscribir y atender a los beneficiarios de distintos programas sociales.
Pemex también transfirió 932 mil pesos del PACMA para la construcción de un aula de capacitación equipada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y 522 mil pesos para paquetes de herramientas que repartió a beneficiarios del programa Sembrando Vida.
Además, Pemex también destinó recursos del PACMA para equipar con aire acondicionado y paneles solares la Universidad del Bienestar con sede en Comalcalco, Tabasco.
Instalan “Cine Sillita” en Tabasco
La Secretaría de Cultura (SC), a cargo de Alejandra Frausto Guerrero, también recurrió a los fondos del PACMA para financiar sus proyectos culturales.
A petición de la Secretaría de Cultura, en 2022 se destinó un millón 888 mil 726 pesos del PACMA para financiar siete proyectos del programa cultural “Cine Sillita” en diversos municipios de Tabasco, según consta en el más reciente informe de Pemex.
El programa “Cine Sillita” consiste en funciones cinematográficas al aire libre que se realizan una vez a la semana y mediante las cuales la SC busca promover la sana convivencia en espacios públicos.
Los recursos etiquetados a la SC se obtuvieron de la cláusula PACMA aplicada a la empresa Constructora y Comercializadora Maya S.A. de C.V. y fueron utilizados para la puesta en marcha de este programa en los municipios tabasqueños de Centro, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Nacajuca y Paraíso.
Compran lencería con fondo ambiental
A 10 años de su creación, el PACMA destinó al menos 3 mil 237 millones de pesos en donativos que van desde artes de pesca, luminarias led, patrullas, ambulancias, construcción de caminos obras de rehabilitación a escuelas o plazas públicas, hasta cosméticos y brasieres, informó la Asociación Ecológica Santo Tomás.
José Manuel Arias Rodríguez, director de la asociación, explicó que los donativos que se realizan a través del PACMA son a petición de los gobiernos municipales y estatales, pero no siempre contribuyen a mejorar las condiciones de las comunidades con vocación petrolera.
Incluso, dijo, sobresale la entrega de lencería que realizó en 2019 la empresa Compañía de Nitrógeno Cantarell, que, a través de una organización civil, ofreció un taller de capacitación sobre equidad de género en Ciudad del Carmen, Campeche.
“Los que reciben los recursos son los gobiernos municipales. Piden patrullas, camiones de basura, equipo médico y una serie de cosas para ellos como gobierno, para cubrir una serie de necesidades que ellos tienen como municipio. Reciben patrullas y tú dirás: ojalá esa patrulla vaya y vigile la zona donde se extrae el petróleo, pero no es así, se quedan en las cabeceras municipales”, explicó.
“O reciben luminarias led para la cabecera municipal, equipos médicos, entonces, se ha diluido ese interés hacia las comunidades donde se extrae petróleo. Hay algunos ejemplos en los que se puede decir: cuando menos se le bardeó el edificio de la escuela a la comunidad o cuando menos les llevaron el servicio para análisis médicos, y otra cosa que nos recordó mucho a Provida, por ejemplo, la entrega de lencería o brasieres como parte de los programas de desarrollo social en Campeche”.
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A diez años de su creación, el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) opera como un mecanismo que usan Pemex y sus empresas contratistas para repartir donativos entre los habitantes de comunidades como un instrumento para frenar cualquier oposición a sus actividades petroleras, pero evadiendo su responsabilidad de impulsar el desarrollo social y ambiental.
José Manuel Arias Rodríguez, director de la Asociación Ecológica Santo Tomás, advierte que el PACMA es un programa que opera con débiles mecanismos de transparencia, que favorece la corrupción y que no cumple con su objetivo de procurar el desarrollo social de las comunidades con actividades petroleras.
Por ejemplo, explica, la actividad petrolera en Tabasco continúa creciendo y a pesar de ser un estado donde se aplica este programa, las comunidades no muestran una evolución positiva en su bienestar social ni ambiental.
“La actividad petrolera se ha incrementado. Tabasco sigue siendo el estado con mayor actividad petrolera en tierra, y eso se refleja en el PACMA, pero las comunidades siguen igual. Tenemos el ejemplo de estas empresas que llegan, rentan un terreno, meten todos los lodos y la gente dice: oye, ¿qué estás trayendo porque huele feo? Pues es suelo contaminado con hidrocarburos sin ningún tratamiento y allí lo entierran. Cuando menos hay tres sitios cercanos a la capital de Estado y dices tú: ¿y dónde está Pemex para vigilar lo que están haciendo sus contratistas?”, cuestiona.
Bajo esta política social corporativa, los recursos naturales de las comunidades tales como el agua, el aire, el suelo, la biodiversidad, los mares, sus bosques y selvas, se ven cada vez más comprometidos.
El PACMA tiene incidencia en comunidades con actividad petrolera en Campeche, Tabasco, Veracruz, Chiapas, Tamaulipas, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Guanajuato, Coahuila, San Luis Potosí e Hidalgo.
Pemex reporta que las acciones u obras del PACMA se deciden de acuerdo a solicitudes que hace la comunidad a través de sus autoridades municipales o estatales.
De acuerdo con un informe de Pemex, obtenido vía transparencia, la mayoría de las acciones que realizaron las empresas a las que se les aplicó la cláusula PACMA, entre 2015 y 2022, fueron donativos de patrullas tipo camionetas pick up, ambulancias, equipamiento médico, cámaras de seguridad, construcción de caminos, entre otros.
Las donaciones en materia ambiental se limitaron a una restauración de la cuenca baja del Río Coatzacoalcos, la donación de 5 mil 572 estufas ecológicas en diferentes entidades con vocación petrolera y la construcción de cinco pozos profundos para agua potable en comunidades de Tabasco.
Del total de recursos ejercidos por el PACMA en una década, mil 369 millones de pesos se han aplicado en Tabasco, 804 millones en Veracruz y 425 millones en Campeche. Estas tres entidades han recibido 2 mil 565 millones de pesos provenientes de contratos petroleros.
Ven uso electoral
Los donativos comprometidos a través del PACMA fueron utilizados con fines electorales por el grupo político de Tabasco encabezado por el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, asegura José Manuel Arias Rodríguez, de la Asociación Ecológica Santo Tomás.
Particularmente en este sexenio, dice, hay un interés muy importante por Tabasco y el director general de Pemex proyectaba su imagen en cada entrega de donativos a través del PACMA.
Romero Oropeza aspiraba a la gubernatura de Tabasco, pero en agosto de 2023 el presidente López Obrador anunció que se quedaría hasta el fin de su sexenio al frente de Pemex.
“No va a participar Octavio Romero, y no porque yo lo prohíba o se lo impida, sino porque él ha expresado que se queda hasta el final”, dijo en su conferencia mañanera del 23 de agosto.
En un periodo de tres años, el director general de Pemex había encabezado 96 actos públicos en Tabasco frente a 34 eventos en Campeche y 41 en la Ciudad de México.
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Una queja recurrente contra el PACMA es que está mal fiscalizado, y por cuestiones de operación se utilizan mal los fondos, advierte Luis Reynaldo Vera Morales, ex director general de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).
El principal conflicto con el PACMA, dice, se presenta cuando ocurre una emergencia ambiental y la comunidad acusa a Pemex de ser la culpable, pero no tiene manera de demostrarlo. Por el contrario, la empresa se defiende y acusa a la comunidad de haber ocasionado daños a propósito con el objetivo de obtener una compensación.
“Nos llegaban los abogados y donde más casos así vimos fue en Campeche, Tabasco y el sur de Veracruz, estos tres básicamente eran los más recurrentes. Entre las cosas que hay que mejorar está el tema de la prueba. No puede ser que se diga que Pemex es el responsable y que no tengas las pruebas”.
El PACMA, en su opinión, tiene que estar alineado con los planes de gestión social de Pemex y sus empresas contratistas, pero también tiene que definir acciones encaminadas a un mejor índice de bienestar para las personas que viven en lugares donde se llevan a cabo actividades petroleras.
“Muchas de las emergencias (ambientales) tienen que ver con la edad de la infraestructura. Muchísimas de las quejas son de rompimiento de gaseoductos, de tuberías, de mal sellado de algunos pozos. Hay un problema serio en Tamaulipas, en Campeche, en Villahermosa que nadie atiende y en todas estas zonas contractuales por infraestructura vieja”.
Exhiben incumplimientos
En su análisis sobre el desempeño del PACMA, la Asociación Ecológica Santo Tomá exhibió que, aunque los montos de recursos destinados a este programa se han duplicado en el gobierno de López Obrador, hay incumplimientos en las obras que comprometieron las empresas.
Mientras en el gobierno de Peña Nieto se aplicaron mil 145 millones, en la actual Administración, de 2019 a 2022, Pemex gestionó 2 mil 92 millones de pesos para comunidades con infraestructura petrolera.
Sin embargo, mayores recursos no significaron más obras a favor de las comunidades ya que al 31 de diciembre de 2019, las empresas contratistas de Pemex tenían que haber realizado aportaciones por un monto de 67 millones 630 mil pesos y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) solo probó la aplicación de 31 millones 522 mil pesos.
La ASF observó a Pemex la falta de supervisión en el cumplimiento de las aportaciones al programa en la forma convenida.
En una auditoría de cumplimiento la ASF exhibe la falta de acreditación de las aportaciones al PACMA en tres contratos por 3 millones 760 mil pesos.
En otra auditoría se reportó el incumplimiento en una aportación por 96 millones de pesos en diciembre deo 2020, pues sólo se comprobó la ejecución de obras por 77 millones.
Otro faltante por 2 millones 652 mil pesos en los trabajos a beneficio social a cargo de una empresa contratista de Pemex se acreditó en una tercera revisión de la ASF.
Buscan mejorar el programa
Pemex contrató a la empresa Norcontrol Inspección para dar servicios de apoyo técnico y “garantizar la correcta operación del PACMA en los años 2023-2024”.
Norcontrol Inspección ofrece servicios de supervisión medio ambiental para todo tipo de industrias, aunque su principal campo de trabajo es la supervisión de calidad durante la fabricación y montaje de tuberías e instalaciones en gaseoductos y oleoductos.
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La comunidad “Emiliano Zapata” de Papantla, Veracruz, cuya bonanza petrolera ha sido explotada por Pemex de manera permanente, fue pionera en recibir recursos del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), pero eso no se ha reflejado en un mejor bienestar social de sus habitantes.
Lejos de estar en mejores condiciones, el bienestar de las personas está comprometido por la contaminación del agua, el suelo y la atmósfera, señala Alejandra Jiménez Ramírez, experta en temas de hidrocarburos e integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking.
“Yo creo que el PACMA no ha escuchado las necesidades de las comunidades, opera solamente para obtener la licencia social y no para restituir derechos ni para hacer una reparación real a las comunidades. Jamás ha habido por parte del PACMA un programa para recuperación de los suelos, para el saneamiento de los arroyos, eso no lo están haciendo”.
En 2011, Alejandra colaboraba con el Instituto Nacional para la Seguridad y la Democracia y formó parte del grupo de acompañamiento a ocho comunidades de Papantla, incluyendo la de Emiliano Zapata, que exigían a Pemex una reparación de los daños directos e indirectos que ocasiona la actividad petrolera en su región.
Las comunidades pudieron tener un diálogo directo con los gestores de la petrolera y meses después comenzaron a recibir apoyos del PACMA.
“Nos sentamos en un diálogo con Pemex, se formó el Observatorio para la Seguridad Humana que estaba integrado por ocho comunidades afectadas por hidrocarburos en Papantla y las indemnizaciones eran irrisorias, llegaban cheques de 200 pesos y la gente decía: ¡me sale más caro ir a cambiar el cheque! Después empezaron a llevarles a estas comunidades proyectos PACMA y les construyeron domos para la casa ejidal, por allí fue por donde les llegaron”.
Alejandra Jiménez dice que el programa no resolvió los problemas de las comunidades.
“Ha sido muy triste ver cómo esas comunidades, de donde se extrajo la bonanza del petróleo, están sufriendo los impactos de la extracción e incluso hay gente que ha tenido que migrar”.
En el caso de las ocho comunidades que fueron pioneras en recibir apoyos PACMA en Papantla, explica que actualmente se enfrentan a una inviabilidad de las actividades productivas agrícolas y ganaderas por la contaminación del hidrocarburo y, además, la presencia de los gestores de Pemex se ha reducido, lo cual deriva en que nadie escuche sus demandas.
“Lo que hemos podido observar es que ha habido una disminución de los gestores de Pemex porque empezaron a aparecer las empresas contratistas y dejaron de tener este diálogo con las comunidades que era al menos una forma de sentirse atendidos. Entonces sí, hemos ido viendo cómo han ido desapareciendo los gestores de Pemex y aparecen los de las empresas y entre ellos se echan la bolita de las responsabilidades de reparación de daño”, explica.
“Ahora también hay una menor capacidad de respuesta y una tendencia a responsabilizar a las comunidades de las emergencias ambientales que ocurren en sus lugares. En una comunidad, por ejemplo, les pedían que para dar fe de que su arroyo había sido contaminado, tenían que presentar un estudio de agua. ¡Imagínate! Es el afectado el que tiene que presentar la prueba”.
La actividad petrolera de Pemex -enfatiza- en ocasiones implica una pérdida de los recursos naturales de las comunidades y programas como el PACMA deben incluir acciones que contribuyan a restablecer el bienestar social de estos lugares.
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Mónica Rovelo Traslosheros, directora de la consultora Valor Sostenible, no tiene duda de que en el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) hay mucha simulación porque opera de manera discrecional.
“Hay mucha simulación. Estos programas a veces se utilizan para colgarse la medalla de que las empresas son sostenibles, sustentables, que respetan los derechos humanos, el caso es que primero se requiere una voluntad política de hacer las cosas bien y poner a la cabeza de este programa a una comunidad de personas, por ejemplo, invitar a personas del Colegio de México, de la UNAM, hacerlo colegiado para evitar al máximo la desviación de recursos”, apunta la experta en evaluaciones de impacto y estudios de factibilidad social.
Hace una década, Mónica Rovelo fue la encargada de liderar un proyecto para mejorar la operación del PACMA. El objetivo era hacerlo más transparente porque, desde entonces, ya se advertían malos manejos.
“Nos dimos cuenta que era básicamente un programa que se manejó discrecionalmente. No es que no se invirtiera, sino que no se invirtió la cantidad que se debía invertir, pero sí se invirtió por ejemplo en universidades, escuelas, hospitales, sobre todo de la zona de Campeche. Aunque de ninguna manera el monto en que se tenía que haber hecho, pero sí hubo cosas”.
Tras unos meses de intervención junto a un equipo multidisciplinario, se monitoreó el PACMA desde una plataforma en línea en la que se podía consultar a las empresas proveedoras y los montos que debían invertir en cada una de las acciones de bienestar social. Además, las comunidades intervenían en las decisiones de los proyectos que se ejecutaban.
“El programa empezó a funcionar más o menos bien en el arranque, como los primeros seis meses, y después dejó de fluir la información que habíamos acordado que iba a estar en la página y la información que dejó de fluir obviamente pues fue la del presupuesto de las empresas”.
Antes de que la información se suspendiera, Rovelo y su equipo sometieron su plataforma de monitoreo a un concurso, en el que ganaron un reconocimiento del Banco Mundial y de Transparencia Mexicana por ser un modelo comunitario transparente.
A Mónica le tocó ser testigo de que las obras que se reportaban en el PACMA en realidad, no se llevaban a cabo con la calidad ni los indicadores de bienestar social que reportaba PEMEX en la nueva versión que trabajaron del programa.
“Nosotros nada más hicimos el modelo, lo implementamos, pero una vez que entró en operaciones ya salimos como equipo y lo tomó personal de Pemex, pero lo monitoreábamos. A mí me tocó ir a un comedor en Tamaulipas en una comunidad que estaba cerca de la Laguna Madre y entré y las estufas estaban todas caídas, las puertas todas fregadas, se ve que hicieron algo horrible, mal, muchas cosas improvisadas. A fin de cuentas, caímos en el entendimiento o supimos de muchos casos donde era simulación”.
Para mejorar el PACMA -dice- lo más importante es crear un Comité de supervisión con un cuerpo colegiado de expertos de la UNAM o del Colegio de México, vincular al programa con la normatividad internacional de licencia social y garantizar la participación de las comunidades como tomadoras de decisiones en su bienestar común.
El gran reto en el PACMA es combatir la opacidad, porque la falta de un sistema de transparencia que permita dar seguimiento, es violatorio de sus propias reglas de operación, apunta Karla María Crespo Benítez, responsable del ejercicio de supervisión del programa en la organización civil Transparencia Mexicana.
“Tienen un reto enorme en transparencia, en eso hemos insistido en cada informe. Necesitan hacer pública toda la información del programa. Tendría que ser una base de datos abierta y que se alimente de otras bases de datos de Pemex, del área de contratos y de finanzas (…) Tendría que haber información para saber qué programas y acciones se aprueban, en qué estados, atendiendo a cuáles causas, un poco para ver si existe conexión entre lo que se prueba y lo que está previsto en las reglas de operación”.
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En la ranchería Anacleto Canabal es común que las personas afectadas por un derrame de hidrocarburos o por una persistente nube de humo contaminado, reciban dinero. Al menos eso ha podido comprobar José Jiménez Rivera, un activista ambiental de esta zona.
“Pemex les da su mochadita para que ya no se quejen, para que ya digan nada, y como aquí toda la gente tiene necesidad, recibe el dinero, pero yo les digo que de nada nos sirve ese dinero si vienen y nos dejan aquí toda su contaminación”, dice en entrevista.
José Jiménez, mejor conocido en la ranchería como “Chepe”, se enoja cada vez que le toca presenciar el momento en que Pemex o sus empresas contratistas reparten dinero entre los afectados por un derrame, una fuga de gas o cualquier otro accidente derivado de las actividades de exploración y producción de petróleo.
Las operaciones petroleras en esta zona, explica, se han traducido en una situación social y ambiental cada vez peor porque viven entre cementerios de lodos contaminados y lidian con la escasez de agua pues los pozos que abastecían a la comunidad, están contaminados por hidrocarburos.
“En toda la zona de la Isla a donde pertenecemos hay más de 107 pozos de Petróleos Mexicanos que están trabajando, sacando el petróleo. Pero vienen sus empresas y nos traen los lodos contaminados, el olor es insoportable. Pasa uno por la carretera y ya está respirando ese olor tóxico. Yo he metido demanda ante la PGR, ante la Semarnat, a Pemex, ante Conagua, ante el sector salud y nadie, nadie nos hace caso”.
Junto con sus vecinos se han manifestado para exigir que les garanticen una remediación de sus terrenos que colindan con predios que sirven como tiraderos.
“Nosotros no estamos en contra del desarrollo, en lo que no estamos de acuerdo es que nos pongan esos cementerios en donde hay población, eso es lo que nos molesta. ¿Cómo nos vas a poner un cementerio tóxico donde hay más de 30 mil habitantes?, cerquitita están ahí las pobres casas y esa gente está enferma. Aquí hay un problema y yo lo estoy señalando y no nada más yo, somos muchos y queremos que tomen cartas en el asunto”.
En noviembre del año pasado, el activista denunció un derrame de aceite vertido por contratistas de Pemex sobre cultivos de plátano.
“Fue un derramamiento de aceite que acabó con más de 100 hectáreas de cultivo y ¿qué cree que hace Petróleos Mexicanos? Les da su mochadita, los calla. No se trata de que a mí me den un dinero, se trata de que quiten ese aceite. Yo soy campesino, a mí me afecta en mi siembra, ¿de qué me sirve que tenga la ayuda del Sembrando Vida. Yo quiero reactivar el campo, pero ¿de qué me sirve si mis cosechas no se dan?, se me mueren, se me contaminan”.
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